El Gobierno chino ha ordenado “controlar estrictamente” y “aplicar prudentemente” la pena de muerte, para reducir las ejecuciones en el país. El 70% de las ejecuciones en el mundo se practica en China, según los grupos de derechos humanos. Los propios legisladores del país asiático han reconocido que la cifra de reos a los que se aplica la pena capital es de 8.000 al año.

La práctica secreta de la pena de muerte y la tortura para extraer confesiones están prohibidas, recuerdan las autoridades chinas en una circular emitida por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia. La prensa estatal recoge este escrito en el que se reitera que el país todavía no está maduro para eliminar la pena capital, aunque algunos analistas consideran que el llamamiento a controlar las ejecuciones es un primer paso para su abolición.